La investigación tramita ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, a cargo del juez Marcelo Alejandro Cardozo, bajo el expediente FPO 2219/2026. La imputación no implica una condena y el empresario conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, equipos destinados a instalaciones fotovoltaicas, entre ellos paneles solares, baterías de litio e inversores, podrían haber ingresado al país sin cumplir con los requisitos aduaneros correspondientes. El presunto circuito de ingreso estaría relacionado con la zona de la Triple Frontera, entre Foz do Iguaçu, Brasil, y Puerto Iguazú, Misiones. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente los montos ni las cantidades de mercadería que estarían involucrados en la causa.
La situación judicial adquiere relevancia por los proyectos industriales y las inversiones que Breier había anunciado en Argentina. Entre las iniciativas figuraba la instalación de una planta de ensamblado de paneles solares en San Vicente, Misiones, con una producción proyectada de 150.000 unidades durante 2026. Además, la empresa había comunicado una inversión cercana a los 300 millones de dólares en Diamante, Entre Ríos, aunque la información disponible no permite establecer el grado de ejecución de ese emprendimiento ni la disponibilidad efectiva de los fondos anunciados.
La investigación también incluye antecedentes de procedimientos realizados en instalaciones vinculadas con la firma. Según la información difundida, Gendarmería Nacional y personal de Aduana participaron de un allanamiento en el Puerto de Diamante, donde el galpón señalado como parte del emprendimiento habría sido encontrado vacío y sin actividad. Por otra parte, relevamientos periodísticos mencionados en la información original registran procesos judiciales en los estados brasileños de Santa Catarina y Paraná, de distinta naturaleza. No obstante, no se informan condenas penales firmes en esas jurisdicciones.
La causa se encuentra en una etapa inicial de instrucción, durante la cual la Justicia deberá analizar las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa para determinar el origen de los productos, su recorrido, los volúmenes involucrados y las posibles responsabilidades. También deberá establecerse si existió una conducta reiterada y cuál es la calificación legal que corresponde. Hasta ahora, la defensa del empresario no había formulado declaraciones sobre la imputación, mientras se aguarda el avance de las actuaciones judiciales.
Nota con información de Radio H2S3
