La resolución también contempla una serie de obligaciones para el responsable del establecimiento, quien deberá cumplir determinadas reglas de conducta durante un año y medio.
La causa se originó a partir de la denuncia presentada por el hijo de la adulta mayor, quien advirtió que su madre permanecía sin asistencia en la residencia donde estaba alojada. La mujer atravesaba un cuadro de salud delicado, tenía discapacidad visual y dificultades físicas que le impedían desenvolverse por sus propios medios, por lo que necesitaba atención permanente.
Ante la situación, el familiar solicitó la intervención policial y regresó al establecimiento acompañado por efectivos de la Comisaría de Crespo. Al ingresar, comprobaron que la mujer se encontraba sola y sin los cuidados indispensables. La investigación posterior permitió reunir elementos sobre las deficiencias en la atención y las condiciones en las que funcionaba el lugar, que no contaba con habilitación definitiva.
La resolución se adoptó en una audiencia realizada en los Tribunales de Paraná, ante el Juzgado de Garantías N.º 6, a cargo de la jueza Elisa Zilli. Allí se acordó una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, que no constituye una condena penal. Entre las condiciones impuestas figuran una compensación económica para la familia, la obligación de mantener informado al Juzgado sobre cambios de domicilio y la realización de aportes mensuales a una institución de bien público.
El cumplimiento de estas medidas será determinante para mantener vigente el beneficio judicial. Según explicó el abogado querellante, Pablo Gordillo, si el responsable incumple las pautas establecidas, la causa podría avanzar hacia un juicio penal. La mujer falleció tiempo después, aunque se aclaró que su muerte no estuvo vinculada con los hechos investigados. El caso también volvió a poner en discusión la importancia de los controles y las habilitaciones de las residencias destinadas al cuidado de adultos mayores.


