Una organización delictiva que operaba desde una cárcel de la provincia de Jujuy quedó al borde del juicio oral, luego de que la Fiscalía Federal solicitara elevar la causa contra cuatro internos acusados de hacerse pasar por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para cometer estafas y extorsiones telefónicas.
Según la acusación del fiscal federal Franco Picardi, los involucrados cumplían funciones dentro del Establecimiento Penitenciario N.º 7 de Jujuy y habrían montado una especie de central telefónica clandestina. Desde allí realizaban comunicaciones a dependencias policiales, penitenciarias y fuerzas de seguridad, presentándose como integrantes de la Corte Suprema o de supuestas comisiones de derechos humanos. De esa manera conseguían información sobre detenidos, sus causas judiciales y los números telefónicos de sus familiares.
Con esos datos, los integrantes de la banda contactaban a los allegados de los presos y les exigían transferencias de dinero a cambio de supuestas excarcelaciones, libertades o beneficios judiciales. Para reforzar la credibilidad de los engaños, utilizaban perfiles de WhatsApp con fotografías de Rosatti, nombres institucionales y alias bancarios que simulaban pertenecer al Poder Judicial. La investigación también detectó otras maniobras mediante falsos premios, entre ellos la supuesta entrega de automóviles y servicios de telefonía satelital.
Entre los episodios documentados figura el caso de una víctima que transfirió 429.500 pesos convencida de que había ganado un automóvil. En otra maniobra, un hombre sufrió un perjuicio estimado entre 9 y 10 millones de pesos, además de entregar electrodomésticos valuados en varios millones. También se comprobó una extorsión contra un familiar de un detenido en Ezeiza, a quien le reclamaron dinero mediante el falso argumento de que su allegado había sufrido una emergencia médica y necesitaba una fianza para recuperar la libertad.
Las pruebas reunidas incluyeron intervenciones telefónicas, análisis de comunicaciones, movimientos bancarios y allanamientos realizados dentro del establecimiento penitenciario, donde se encontraron celulares ocultos en colchones, tarjetas SIM y anotaciones con datos de cuentas y contactos. El fiscal solicitó juzgar a los cuatro acusados por asociación ilícita, usurpación de autoridad, estafas y extorsión mediante simulación de autoridad pública. Además, pidió investigar a tres mujeres cuyos datos bancarios habrían sido utilizados para recibir y canalizar el dinero obtenido mediante las maniobras.
