El cargo que enfrenta es conspiración para cometer asesinato en primer grado, vinculado al derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.
La orden fue firmada por la jueza principal del Undécimo Circuito Judicial, Ariana Fajardo Orshan. Según la fiscalía, Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, habría participado en la operación en la que cazas MiG cubanos destruyeron las aeronaves Cessna con misiles aire-aire, causando la muerte de cuatro personas: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.
Este caso es independiente de la acusación federal presentada en mayo de 2026. La investigación estatal fue reabierta el año pasado por orden de Uthmeier y se tramitó a través de la Oficina de Enjuiciamiento Estatal y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. El tribunal dispuso que no hubiera fianza.
El fiscal general sostuvo que espías del régimen cubano operaban en comunidades de Florida, recopilaban información de inteligencia y la transmitían a La Habana, lo que habría permitido a los pilotos militares localizar a las avionetas civiles que se encontraban fuera de las aguas territoriales cubanas.
El régimen cubano reaccionó con dureza. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la medida de “patético circo miamense” con trasfondo electoral y sin sentido jurídico. El canciller Bruno Rodríguez y el viceministro Carlos Fernández de Cossío también condenaron la acción, al considerarla parte de una estrategia agresiva contra Cuba.
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