La presentación solicita investigar los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, entre otras figuras posibles.
El planteo se originó en las afirmaciones que Milei realizó el 27 de septiembre en LN+, donde aseguró que el Gobierno había expulsado “10 mil terroristas el año pasado” y que en 2026 ya llevaba otros “20 mil”. El presidente sostuvo que se trataba de personas que se infiltran desde otros países para “dinamitar el modelo argentino”.
La denunciante, Valeria Carreras, cita datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones que no coincidirían con esas cifras. Según la presentación, en 2025 se registraron 772 expulsiones por distintos delitos, sin causas identificadas como terrorismo. Para 2026, con datos parciales, menciona 744 expulsiones y unos 18.947 incidentes de entrada o rechazos, ninguno catalogado oficialmente como terrorismo.
Carreras plantea interrogantes sobre cómo se determinó que esas personas eran terroristas y si existió un registro o tipificación formal. También reclama determinar si las autoridades del Ministerio de Seguridad informaron o permitieron difundir información falsa o exagerada sobre una amenaza de seguridad nacional, y pone el foco en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).
La abogada solicitó detalles de todas las expulsiones y rechazos de 2025 y 2026, discriminados por causal, así como informes internos del Ministerio de Seguridad y datos del fuero federal sobre denuncias y condenas por terrorismo. Advierte que, cualquiera sea la explicación de la diferencia de cifras, la situación exige una investigación seria y urgente.