Día Internacional de la Democracia

Cada 15 de septiembre se festeja este día para recordar la importancia de la promoción y protección de esta forma de gobierno.

El objetivo de este día es reafirmar los principios, elementos y prácticas necesarias para formar un gobierno democrático.

“La democracia es crucial para asegurar el libre flujo de la información, la participación en la toma de decisiones y rendición de cuentas por la respuesta ante la pandemia”, expresó el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Este día rememora cuando la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia, después de las sucesivas Conferencias Internacionales sobre Democracias Nuevas y Restauradas, que comenzaron en 1988 por iniciativa de la presidenta de Filipinas, Corazón Aquino.

Los elementos más esenciales para recordar en este día son la libertad, el voto de los ciudadanos, el respeto y la protección de los derechos humanos.

“La democracia se funda en la primacía del derecho y en el ejercicio de los derechos humanos. En un Estado democrático, nadie está por encima de la ley y todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, detalla la Declaración Universal sobre la Democracia.

Atender a la democracia durante el COVID-19

La crisis sin precedentes causada por la pandemia ha generado importantes desafíos sociales, políticos y legales a nivel mundial. A medida que los estados de todo el mundo adoptan medidas de emergencia para abordar la crisis, es fundamental que sigan defendiendo el estado de derecho, protegiendo y respetando las normas internacionales y los principios básicos de legalidad, así como el derecho a acceder a la justicia, los recursos y los procesos en curso.

Así lo ratificó el Secretario General de la ONU, António Guterres, en unas declaraciones en las que instaba a los gobiernos a ser transparentes, receptivos y responsables en su respuesta al COVID-19 para garantizar que cualquier medida de emergencia fuera legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria. “La mejor respuesta es aquella que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas mientras protege los derechos humanos y el estado de derecho”, explicó hace unos meses coincidiendo con la publicación de un informe de la ONU sobre los Derechos Humanos durante el COVID-19.

En dicho documento, el Secretario concreta además que los Estados tienen que respetar y proteger, entre otros derechos, la libertad de expresión y de prensa, la libertad de información y la libertad de asociación y de reunión. Vista la práctica de muchos países en el contexto de la COVID-19, parece que esto no ocurre necesariamente. Entre las preocupaciones cabe citar las siguientes:

Distintas medidas para controlar la circulación de información y reprimir la libertad de expresión y la libertad de prensa en un contexto donde ya se está reduciendo el espacio cívico.

El arresto, la detención, el enjuiciamiento o la persecución de opositores políticos, periodistas, personal médico y de salud, activistas y otros por supuesta difusión de “noticias falsas”.

La ciberpolicía agresiva y una mayor vigilancia en línea.

El aplazamiento de las elecciones, que plantea graves problemas constitucionales en algunos casos y puede provocar un aumento de las tensiones.

La crisis plantea la cuestión de cuál es la mejor manera de contrarrestar el discurso perjudicial y proteger al mismo tiempo la libertad de expresión.

Los intentos generalizados de eliminar la información errónea o la desinformación pueden dar lugar a la censura intencionada o no, que socava la confianza. La respuesta más eficaz es la información precisa, clara y fáctica de fuentes en las que la gente confía.

En todo el mundo, las organizaciones de la sociedad civil han respondido al llamamiento a la acción de la ONU para abordar y contrarrestar la amplia gama de formas en que la crisis del COVID-19 puede afectar la democracia y aumentar el autoritarismo. Entre ellas cabe destacar:

el desarrollo de la alfabetización mediática y la seguridad digital, luchar contra la desinformación y el discurso de odio, que se han multiplicado durante la crisis.

Capacitar a los periodistas de forma remota para informar sobre el impacto de la pandemia con una cobertura profunda y real, mientras se mantienen seguros en la primera línea.

Empoderar a las mujeres contra la violencia de género, que se ha disparado en medio de cierres, cuarentenas y presiones sociales y económicas del Covid-19.

Dar a conocer los desafíos de la desigualdad y la deficiente prestación de servicios agravados por la crisis, con un enfoque específico en las necesidades y derechos de las mujeres, los jóvenes, las minorías y otras poblaciones marginadas, para ayudar a que los gobiernos rindan cuentas.


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