El IOSPER es la obra social “más pobre de la Argentina”, según su presidente

El IOSPER es la obra social “más pobre de la Argentina”, según su presidente, Fernando Cañete. El aporte promedio per cápita es de “1.952 pesos”, mientras que el plan más barato de medicina prepaga supera los 13 mil pesos. A eso se suma que el 61 por ciento del presupuesto prestacional se destina al 5 por ciento de los afiliados por medicamentos de alto costo y leyes especiales, y que nunca recibió la restitución del 2% del aporte patronal del sector pasivo (unos 700 millones de pesos anuales).

El presidente del IOSPER, Fernando Cañete, describió el preocupante escenario que atraviesa la obra social provincial. Se refirió a la distribución de recursos y al financiamiento del sistema y subrayó que “es imposible sostenerlo cuando muchos recursos son utilizados en pocos afiliados” en medicamentos de alto costo, las nuevas tecnologías y la aplicación de leyes especiales”. Asimismo recordó que, pese al aumento dispuesto por el gobernador Gustavo Bordet, el IOSPER es la obra social del país que menores aportes recibe. Además, alertó que mientras que el 61% del Presupuesto del IOSPER se destina solamente a 16.000 afiliados, que representan el 5,4 por ciento del total del padrón de la obra social, el 95 por ciento restante debe atenderse con el 40 por ciento restante del presupuesto prestacional. “El sistema de salud está que se funde” y “no se agravó más porque apareció la pandemia”, aseguró.

El IOSPER es uno de los temas provinciales que necesitan un debate serio y soluciones de largo plazo.

Con 300 mil afiliados, recibe un aporte per cápita promedio de “1.952 pesos”, mientras que el plan más barato que ofrecen las empresas de medicina prepaga supera los 13 mil pesos.

La obra social de la Provincia recibe un aporte del 7,5 por ciento de los ingresos de los trabajadores estatales (de los cuales el empleado aporta un 3% y el Estado otro 4,5%), a diferencia de lo que sucede en otros distritos como Buenos Aires (recibe el 9,6%), Catamarca (13,5%), Chaco (11%), Chubut y Corrientes (11%), Formosa y Jujuy (10%), Mendoza (12%) o Neuquén (13%), por mencionar algunas.

Pese al inmenso presupuesto que maneja (6.923 millones en 2020), hay 3 variables que generan un desfasaje en la distribución de sus recursos: medicamentos de alto costo, nuevas tecnologías y aplicación de leyes especiales, describió Cañete al referirse al pormenorizado informe de la Gerencia de Administración que fue expuesto ante los diputados provinciales al término del mes de mayo, al que accedió NOTICIAUNO.

“Es imposible sostener el sistema cuando muchos recursos son utilizados en pocos afiliados”, dijo, y ejemplificó: “de 300.000 afiliados en la provincia 16.380 reciben una inversión de la obra social del 61,1 por ciento. Quiere decir que hay casi 280 mil afiliados para los que quedan el 38 por ciento de los recursos. Esta relación, a corto o mediano plazo, al sistema lo hará inviable, totalmente”, insistió.

De ese 61.1% del presupuesto que se invierte en poco más de 16 mil afiliados:

-7.974 afiliados que padecen diabetes tienen una inversión de 416 millones de pesos (7,36% del Presupuesto anual prestacional de la obra social correspondiente al año 2019)

-1.738 afiliados recibieron una inversión de 1.653 millones de pesos en medicamentos (29,29% del Presupuesto)

-6.668 afiliados que presentaron el Certificado Único de Discapacidad (CUD), recibieron de IOSPER en el mismo año, 1.380 millones de pesos (24.45% del presupuesto)

En relación a los medicamentos de alto costo, el director obrero del Instituto detalló que “hay 6 afiliados a los que les tuvimos que dar cobertura por recurso de amparo y en 2019 se invirtieron en esas seis personas 3.005.800 dólares”. A la cotización actual del dólar ese gasto asciende a unos 300 millones de pesos.

Los amparos que perdió el IOSPER fueron para que la obra social diera cobertura a “medicamentos de uso compasivo”, recordó. “Son medicamentos que se utilizan en pacientes aislados y al margen de un ensayo clínico, de investigación., incluidas especialidades farmacéuticas para indicación de uso distinto que la autorizada”, explicó.

Para dar una idea, recordó que en la ciudad de Gualeguay, que tiene 13.000 aportantes, hay dos afiliados quienes en el año recibieron medicamentos por 609.200 dólares cada uno”. Es decir que a solo 2 afiliados se les brindó cobertura por unos 60 millones de pesos, siendo que “los 13.000 afiliados de Gualeguay aportan al año 99.600.000 de pesos”.

“El medicamento de uso compasivo es algo que desde hace tiempo lo planteamos en las obras sociales y en todos los lugares que podemos hacerlo. Los médicos dicen que como están autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT), lo pueden prescribir, pero, en realidad, lo que hacen es tomar como ‘conejo de indias’ a los afiliados”, cuestionó.

“Nosotros, las obras sociales, lo estamos padeciendo y es lo que muchas veces perjudica a los pocos recursos que maneja el sistema”, dijo, y subrayó que “este problema puede arreglarlo la política”.

Para ilustrar más el problema de recursos que atraviesa la obra social de los trabajadores, Cañete apuntó que:

-5 afiliados que se tratan con medicamentos de hemofilia demandan una inversión anual de 35.300.000 pesos

-8 afiliados que reciben tratamiento de hormonas de crecimiento demandan 10.200.000 pesos

-12 afiliados de enfermedad fibrosis quística del páncreas demandan 15.500.000 de pesos

-61 afiliados que se tratan por esclerosis múltiple, demandan una inversión de 128.332.000 pesos

-a pacientes con leucemia se destinan 131.000.000 de pesos

-pacientes con mieloma múltiple: 240.000.000 de pesos

-patologías de colon, mama, recto y cerebro demandan un gasto de 756.000.000 de pesos

-347 afiliados con HIV demandan 180 millones de pesos

“Esto significa que IOSPER invierte en 1.738 afiliados más de 1.653 millones de pesos” que representan el 29,29 por ciento del presupuesto de la obra social.

Este rubro es sensiblemente superior a lo que se gasta en concepto de internaciones y en consultas. En 2019 “tuvimos 33.600 internaciones que representan el 13,16 por ciento del presupuesto; y 1.200.000 consultas médicas, que representan el 10,01 por ciento, es decir, 565 millones de pesos”, precisó.

Los tres factores “que afectan fuerte al sistema de salud: leyes especiales, medicamentos de alto costo y nuevas tecnologías”, cambiaron el panorama.

Tradicionalmente “la gran pelea que tenía la obra social era con la Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLER), la Federación Médica (FEMER), los bioquímicos, los anestesistas, y medicamentos. La torta de todos los recursos de la obra social se discutía y repartía en esos cinco prestadores”, afirmó, y agregó que hoy “se revirtió la situación” y existe una notable “desproporción que asusta”.

Mientras que el 61 % del Presupuesto del IOSPER se destina solamente a 16.000 afiliados, que son el 5,4 por ciento del total del padrón que tiene la obra social, el 95 por ciento restante de los afiliados debe atenderse con el 40 por ciento restante del presupuesto prestacional.

“Los anestesistas que representaban uno de los problemas graves (en términos de montos prestacionales), hoy representan el 1,72 por ciento del presupuesto, es decir, 97.148.372 pesos”, comparó.

El gasto prestacional del IOSPER se distribuye desproporcionadamente:

-Medicamentos de alto costo más oncológicos a valores 2019: 2.069 millones de pesos (36,66 % del Presupuesto)

– Prestaciones en discapacidad: 1.380 millones de pesos (24,45% del presupuesto)

– Médicos, pasaron a ocupar el tercer lugar: 500 millones de pesos (10.38% del Presupuesto)

-Clínicas y Sanatorios: 546 millones de pesos (9,67 por ciento)

-Planes de medicamentos ambulatorios que utilizan más de 80.000 afiliados: representan el 5,42% del presupuesto del Iosper.

-Resto de prestaciones asistenciales como diálisis, kinesiología, odontología, nutricionista, ambulancias y oftalmólogos: 230 millones de pesos (4,09% del Presupuesto)

-Bioquímicos representan el 3,43 por ciento del Presupuesto

-Prótesis: 206.727.889 pesos (representan el 3,66 por ciento del presupuesto)

-Anestesistas: 97.148.372 pesos (representan el 1,72 por ciento del presupuesto)

Si se desgranan los 1.380 millones de pesos que se destinan a Discapacidad, se observa que:

-En 175 afiliados que residen en escuelas especiales y centros de rehabilitación se destinan 47 millones de pesos

-Kinesiología, prestadores y convenios individuales: 87 millones de pesos

-Cuidadores domiciliarios: 84 millones de pesos

-Internaciones de discapacidad en clínicas y sanatorios: 198 millones de pesos

-Medicamentos: 275 millones de pesos

-Consultas y prácticas médicas ambulatorias: 180 millones de pesos

-Centros de rehabilitación: 120 millones de pesos

-Reintegros anuales: 390 millones de pesos (60 millones de pesos que se abonan a las Maestras Orientadoras Integradoras –MOI- desde el Iosper siguen apuntando al Consejo General de Educación porque “no es un problema de salud tener que pagar educación”).

“Esos 60 millones de pesos que nosotros pagamos a las MOI son los 60 millones de pesos atrasados de reintegro de noviembre y diciembre del 2019 y lo que va de este año”, dijo Cañete en el mes de mayo cuando brindó el informe a Diputados.

“Decimos que no nos corresponde pagarle a las maestras orientadoras integradoras, porque quien debe cumplir con las prestaciones básicas son las obras sociales sindicales, institutos de administración mixta, las obras sociales de la Administración Central del Estado Nacional, las obras sociales de las empresas, las del personal de empresarios, las constituidas por convenio, las de personal civil, etc”.

Mencionó que la Legislatura provincial sancionó la Ley 9.891 que en su artículo 9° dice que la secretaría de Salud garantizará las prestaciones para la rehabilitación o tratamiento de las personas con discapacidad sin obra social (…), quedando excluidas las personas con discapacidad afiliadas a las Obras Sociales Nacionales u otras, cuyas prestaciones básicas están contempladas en la Ley 24.901 (…), y que el IOSPER garantizará las prestaciones en discapacidad a sus afiliados obligatorios”.

El artículo 11 de la misma norma establece que “el Consejo General de Educación en coordinación con el Instituto Provincial de Discapacidad, garantizará el acceso oportuno, permanencia y egreso de la educación a las personas con discapacidad, desde la educación inicial hasta la educación superior”, y en el artículo 12 dispone que es el Consejo General de Educación quien debe “suministrar el apoyo, el asesoramiento, seguimiento, las bases curriculares apropiadas, los recursos didácticos, los cargos docentes y no docentes”, remarcó, y reprochó que “para no desamparar a los afiliados, nosotros nos hacemos cargo, pero no recibimos recursos para atender. El CGE sí recibe y tiene la responsabilidad. Los Legisladores entrerrianos dijeron que el CGE tiene la responsabilidad”.

“El presupuesto total de IOSPER para 2019 fue de 5.644 millones de pesos y para el Consejo General de Educación 23.449.934 pesos, de los que el 80,63 por ciento es para pagar salarios”, dijo.

Otro punto al que se refirió Cañete es “el tema de pasivos”. Sobre el punto dijo que al IOSPER “se le sigue aplicando la Ley de emergencia, porque la restitución del 2% del aporte patronal del sector pasivo nunca lo hemos recibido”.

En números, ese 2% representa 55 millones de pesos. Al año “estaríamos hablando de más de 700 millones de pesos”.

 

 

Nota con información de Noticiauno


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