Fallo de la Corte: el Estado no debe indemnizar por policías heridos o muertos en enfrentamientos

La Corte Suprema de Justicia, en una votación dividida, ratificó que los policías heridos o muertos en enfrentamientos con delincuentes no tienen derecho a ser indemnizados por el Estado por daños, se informó hoy.

Así la Corte sostuvo su jurisprudencia en un caso en que rechazó la demanda de una viuda y los hijos de un suboficial retirado que fue asesinado en un enfrentamiento con un maleante.

No fue un fallo unánime: los votos de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz conformaron la mayoría, en disidencia con los ministros Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, que sí promovieron una reparación.

El voto mayoritario se basó en la doctrina de los fallos “Azzetti” y “Leston”, según los cuales las normas del derecho común no resultan aplicables cuando la lesión es el resultado de “una acción bélica” como consecuencia del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas armadas o de seguridad, características del servicio público de defensa.

El voto implicó equiparar lo que pueda resultar de un conflicto de guerra con una situación de inseguridad: “Aunque aquéllos no constituyan acciones bélicas en un sentido estricto, están estrechamente relacionados con las funciones típicas de la policía de seguridad”, se explicó en un comunicado a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

Si bien Lorenzetti y Maqueda se remitieron a la jurisprudencia, el juez Rosenkrantz amplió diciendo que correspondía rechazar la demanda, pues el régimen legal que rige a la Policía Federal Argentina contempla un sistema especial de reparación para casos en los cuales uno de sus integrantes fallece o resulta gravemente incapacitado como consecuencia de enfrentamientos armados con delincuentes.

Y precisó que el personal policial afectado o sus familiares tienen derecho a que se los ascienda dos grados jerárquicos a los efectos del cálculo del haber de retiro o de la pensión, y a cobrar un subsidio de carácter resarcitorio, equivalente a treinta veces el haber mensual que por todo concepto percibe el Comisario General en actividad con la máxima antigüedad de servicio.

Según el fallo, quien decide incorporarse a la Policía Federal asume en forma voluntaria los riesgos que caracterizan la actividad policial y acepta también que esos daños sean compensados a través de los beneficios especiales previstos en las leyes que regulan el estado policial y no por las normas generales que rigen la responsabilidad del Estado.

Sin embargo, Highton de Nolasco se remitió a lo que había expresado en el precedente “Aragón” de 2007, en el que consideró que no podía equipararse la situación de un gendarme herido tras tirotearse con delincuentes, que demandaba una reparación del Estado por los daños sufridos, con una situación de conflicto bélico como la examinada en el caso “Azzetti”.

A su turno, Rosatti señaló que debe extenderse el principio constitucional que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero y por lo tanto los policías tenían derecho a ser indemnizados y advirtió que el pago de un haber de retiro o de una pensión no puede identificarse con ningún tipo de reparación por daños.

También sostuvo que no hay semejanza entre el hecho que, en el caso, motivó la muerte del policía y un acto bélico como el examinado en “Azzetti”.

 

 

Nota con información de Diario La Voz


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