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Adriana Hepp mostró su acuerdo de dar un corte a las prestaciones de maestros orientadores integradores

La representante de los docentes en el directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Adriana Hepp, mostró su acuerdo con la decisión del organismo de dar un corte a las prestaciones de maestros orientadores integradores (MOI) que auxilian en la tarea docente en chicos con discapacidad, con el argumento de que se trata de una responsabilidad que cabe al Consejo General de Educación (CGE).

No se trata de dejar sin servicios a quienes ya tienen cobertura de esa prestación, aclaran desde la obra social, sino de no aceptar más pedidos.

“Como directora docente en Iosper -dijo Hepp- concuerdo con la decisión tomada desde la obra social, ya que no poseemos recursos humanos acordes e idóneos para auditar la prestación de maestras de apoyo, no siendo el Instituto una prestadora educativa, por lo cual creemos que una dificultad de aprendizaje no debe ser diagnosticada por un médico, sino que la intervención debe ser llevada a cabo por un docente”.

La obra social provincia venía sosteniendo un programa de maestros integradores, prestación que se instrumentó en 2016, a través de la resolución N° 702. Se trata de la prestación del servicio de maestro de apoyo “a los afiliados que lo soliciten para niños y jóvenes con certificado único de discapacidad e incluidos en la educación común en los niveles inicial, primario y secundario con planes de trabajo y con los aranceles que establece el Ministerio de Salud de la Nación”.

Pero tres años después de vigencia de ese sistema, Iosper decidió reverlo y entendió que se trata de una prestación “esencialmente educativa y se realiza preponderantemente en los establecimientos educativos donde concurren nuestros afiliados con discapacidad en función de la integración escolar propiciada”. En esencia, se está, dice el texto de la resolución N° 2044, que dictó este martes 22 la obra social, de “una dificultad para aprehender los contenidos curriculares por parte el alumno integrado” y que “los médicos no pueden evaluar la necesidad de un apoyo escolar”.

La medida no cayó bien en el Consejo General de Educación (CGE).

El CGE, explicó, se ampara en la Ley N° 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, y que establece la obligatoriedad de las obras sociales de la cobertura total de prestaciones, entre otras, educativas y terapéutico educativas.

Por lo tanto, el CGE no se hará cargo de prestaciones del ámbito de la salud, como la figura de Maestra de Apoyo a la integración, que por ley de prestaciones asistenciales deben pagar las obras sociales, explicaron. “Resulta desconcertante las afirmaciones que se han dado a conocer públicamente, dado que si bien las máximas autoridades del CGE, se han reunido con autoridades del Iosper, en algunas oportunidades, las mismas han tenido por finalidad dejar en claro la imposibilidad de apartarnos del marco legal y de lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, aclarando que es la responsabilidad de todas las obras sociales en torno a los apoyos a la inclusión de personas con discapacidad”, indicaron desde Educación.

La directora docente en Iosper hizo notar la prestación de maestros integradores por parte de la obra social “se viene brindando ininterrumpidamente desde el año 2016, cuando así se resolvió mediante la Resolución 702 de ese año. Sin embargo, el equipo interdisciplinario de la Dirección de Programas Específicos, lugar donde se audita dicha prestación, desde hace meses viene trabajando al respecto y en los últimos días presentó una propuesta de derogación”.

La decisión se apoya en la Ley Nacional de Prestaciones de Discapacidad N°24.901, a la que adhirió la provincia a través de la Ley N°9.891, que divide las prestaciones en “salud” y en “educación”, y establece que para el primero de los casos, se obliga a garantizar sus debidas prestaciones al Ministerio de Salud a todo aquel que no tenga obra social y al Iosper a sus afiliados.

“Pero en el segundo caso (educación), son el CGE y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) quienes deben tener la facultad de brindar prestaciones de estas características, incluyendo las maestras de apoyo.

Este tipo de prestación es esencialmente educativa y llevada a cabo mayormente en los establecimientos educativos. E implica un gran problema/contradicción que sea evaluada por un médico una dificultad de aprehender contenidos curriculares por parte de los niños. Ante esta situación, consideramos que quien debe ejercer una auditoría acorde a la problemática del niño o niña, debe ser un profesional idóneo, dependiente del CGE, que es quien debe atribuirse dicha responsabilidad y no Iosper, siendo esta una institución prestadora de salud”, dijo Hepp.

“La resolución 2044 emitida el 22 de octubre del 2019 argumenta que el Iosper no tiene competencia material, funcional, profesional ni de recursos para afrontar cuestiones educativas, por lo que amparados en la Ley Provincial de Discapacidad N° 9.891, exigimos el cumplimiento de dicha prestación a quien corresponda, en este caso al Poder Ejecutivo Provincial, mediante el CGE”, señaló la directora de la obra social.

Pero aclaró que ese posicionamiento “no significa bajo ningún punto de vista un desentendimiento de mi parte acerca de una temática sensible que día a día se nos demanda, sino que todo lo contrario, haré las gestiones correspondientes y me reuniré con quien sea necesario para que se haga efectivo el cumplimiento de la prestación, cuidando el trabajo de cada compañero docente que ejerce este rol tan importante y garantizando los derechos de los niños y adolescentes”.

 

Nota con información de Entre Ríos Ahora


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