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Paraná: Empresas de colectivos pidieron echar al menos 100 trabajadores

En la Secretaría de Trabajo, los empresarios de transporte público en la ciudad también plantearon la necesidad de realizar suspensiones. Desde UTA advirtieron por la quita de unidades en circulación. Sigue el conflicto.

Empresarios, trabajadores y Municipio están reunidos en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, para dialogar sobre el conflicto con el transporte público. El punto más crítico es la solicitud de Buses Paraná del procedimiento preventivo de crisis, que los habilitaría a tomar una serie de medidas que afectarían el servicio y los puestos de trabajo.

En este sentido, el Nueve dialogó de manera previa con los empresarios, quienes destacaron algunos de los puntos que ponen sobre la mesa de negociación, advirtieron por las dificultades económicas y financieras para seguir prestando el servicio tal cual lo indica el pliego. El ítem más sensible es la posibilidad de realizar despidos.

Concretamente, sobre este aspecto significativo, desde las empresas Ersa y Mariano Moreno indicaron que evalúan echar al menos a 100 trabajadores. Además, solicitaron contemplar la suspensión de otros 100 empleados. Esto incluye reducción de períodos de vacaciones y achicar turnos a 4 horas.

Según supo AHORA, todo el esquema de achique contempla la posibilidad de pagar las indemnizaciones al 50%, abonar el aguinaldo en cuatro cuotas, pagar el 70% de los salarios. Además, sobre el servicio, proponen reducir la cantidad de coches y disminuir las frecuencias.

Desde la Unión Tranviarios Automotor -UTA- se manifestaron en contra de este planteo y rechazan terminalmente el plan de ajuste de las empresas. Incluso, advirtieron que el plan ya comenzó, debido a que notaron la quita de colectivos en circulación. Unidades que estaban en servicio, salieron de funcionamiento.

La discusión continuará en el marco de la negociación. Mientras tanto, por disposiciones legales, el gremio se ve imposibilitado de poder realizar una medida de fuerza por el término de dos semanas. Así lo dispone la normativa que regula el procedimiento preventivo de crisis, que está siendo evaluado por la Secretaría de Trabajo.

 

Nota con información de Ahora


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