Sociedades off-shore: recuperaron toda su opacidad jurídica

Por la derogación de un régimen informativo, no se conocerá el beneficiario final, ni los socios ni participación en otras sociedades.

Con el argumento de la simplificación y facilitación de trámites de las sociedades comerciales, y de brindar a las empresas un mejor acceso a los servicios que presta el Estado, la Inspección General de Justicia (IGJ) volvió a poner en vigencia el uso masivo de la sociedad off-shore que históricamente sirvieron de pantalla opaca a una serie de negocios, que fueron desde compras de campos con dinero en negro hasta ocultar los bienes con vistas a un divorcio. A medida que pasan los días, el mercado cae en la cuenta de cuántos son los datos que ya no se podrán saber sobre estas sociedades.

Esto ocurrió cuando la IGJ dejó sin efecto el régimen de información que se encontraba a cargo de las sociedades del exterior y alivió algunas otras obligaciones que estaban a cargo de este tipo de sociedades, explicó Gustavo Policella, del estudio del mismo nombre.

La IGJ tomó esta medida a través de su Resolución General 6/18, que modificó la Resolución General 7/15, del ex titular de la IGJ Ricardo Nissen, que había buscado limpiar de una serie de distorsiones que permitían la opacidad al sistema societario.

Entre otras cuestiones, la RG 7/15 obligaba a develar ciertos datos de las sociedades de origen extranjero que desarrollan un ejercicio habitual de los actos comprendidos en su objeto, aquellas que realizan actos aislados, así como también las que solo pretendían formar parte de una sociedad nacional.

Ese tipo de sociedades se encuentran receptadas en la Ley 19.550, en particular en los artículos 118 y 123, a ese respecto se establece lo siguiente, enumeró Policella:

-Artículo 118: La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y formas por las leyes del lugar de constitución.

-Artículo 123: Para constituir sociedad en la República, deberán previamente acreditar ante el juez del Registro que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales, en el registro Público de Comercio y en el registro Nacional de Sociedades por Acciones en su caso.

Lo cierto es que a raíz de la nueva medida, que se aplica a los trámites que se inicien como asimismo a los que se encontraban en curso al 30 de agosto pasado, la IGJ ya no contará en sus registros con cierta información “sensible” y actualizada que hasta ahora estaban obligados a aportar ciertos sujetos del exterior, incluidas las sociedades “off-shore”, las cuales debían previamente inscribirse ante el registro, comentó Policella.

Entre la información actualizada que ya no deberá ser aportada respecto de las sociedades constituidas en el extranjero que tienen alguna vinculación con empresas de nuestro país o realizan actos aislados en el mismo, se encuentra la siguiente, indicó Policella:

-Individualización de activos en el exterior.

-Operaciones de inversión en bolsas o mercados de valores.

-Participación en otras sociedades del país o del exterior.

-Estados contables aprobado por la sociedad.

-En su caso, identificación del grupo internacional al cual pertenece.

-Individualización de los socios, sean estos personas humanas o jurídicas.

-Composición y titularidad del capital social.

-Información actualizada sobre el beneficiario final, que es la persona humana que tenga al menos 20% del capital de una persona jurídica.

-Variaciones que importen cambios significativo de los datos y/o participaciones de la sociedad.

Esta nueva medida fue recibida favorablemente por algunos, quienes, realmente, se sienten aliviados con la menor carga de tareas que representará ya no tener que cumplir con el régimen derogado; otros, en cambio, sienten que a raíz de esos cambios les resultará más difícil o casi imposible acceder a ciertos datos actualizados que identifiquen a los verdaderos dueños o sujetos que participan directa o indirectamente en algunas de las empresas o entidades de nuestro país, expresó el especialista en sociedades.

Esa medida indudablemente impedirá o dificultará también al Estado efectuar las tareas de control sobre las sociedades extranjeras que decidan invertir o participar en sociedades ubicadas en nuestro país, entre otros actos, concluyó Policella.

 

Nota con información de El Cronista

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