“La tienen que hacer mierda”, ordenó uno de los imputados respecto de la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante

“Yo puedo hablar con el comisario y me va a contar toda la historia de la mina esta, todas las cosas a favor y en contra que tiene”, se pudo oír este miércoles en la sala de audiencias, donde se sigue el juicio contra seis integrantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el ex ministro de Salud Ariel De la Rosa. El mensaje fue parte de una conversación de WhatsApp más amplia entre imputados. Ocurrió los primeros días de junio de 2017, cuando desde el sindicato que conduce José Ángel Allende, se presionaba a Noelia Trossero, directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante para que no dejara cesante a la enfermera Yanina Migueles -suplente extraordinaria-. Durante la tercera jornada de debate también pasaron varios testigos citados por las defensas, entre ellos, el secretario de Trabajo de la provincia Oscar Balla.

“Tienen que ir a los medios y tratarla de gorila. Esto no pasaba ni con los gobiernos radicales, estas son medidas de la dictadura. La tienen que matar así en los medios, tienen que ir con los bombos y todo”, se escuchó en la sala, casi al mediodía. Los audios resonaban uno a tras de otro, dando cuenta del clima de zozobra que por esos días se infundía sobre el Hospital Colonia de Salud Mental en Diamante.

“Salgan a escracharla, hagan 50 afiches. Pónganlos en los postes, los árboles, alrededor del centro de salud… más en un pueblo chico, es escracharla. Es más, yo puedo hablar con el comisario y me va a contar toda la historia de la mina esta, todas las cosas a favor y en contra que tiene”.

“Mañana vamos al hospital, antes de la siesta a acompañarla a Yanina. Vamos cuatro de Paraná y de ser necesario, porque estamos bajo la amenaza de la señora directora de que si Yanina aparece por el hospital la va a hacer sacar por la fuerza pública, así que si la cosa se llega a complicar, va a venir más gente de Paraná en colectivo. Mañana nos vemos, te mando un abrazo loco”.

La amplificación de esos audios no fue un tema tan sencillo. En medio del testimonio del bioingeniero, Fernando Ferrari, integrante del Gabinete de Informática Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ), los fiscales pretendieron reproducir los audios para que sean reconocidos por el testigo. De hecho, el fiscal Laureano Dato reprodujo una serie de mensajes antes, aparentemente inofensivos. Sin embargo, cuando comenzó a reproducir el mensaje en el que se pide “hacer mierda a la mina”, la defensa del ex ministro De la Rosa frenó todo.

El abogado Julio Federik planteó que los audios eran parte de una pericia, y que Ferrari estaba declarando como perito pero había sido citado como testigo. A su planteo adhirió el defensor Marcos Rodríguez Allende. De inmediato se opuso el fiscal Gamal Taleb y respondió que no se trataba de una pericia sino de un informe técnico y que, a lo largo de toda la Investigación Penal Preparatoria (IPP), ninguno de los defensores se opuso para incorporar el informe sobre los teléfonos celulares al expediente.

Después de un cuarto intermedio, el tribunal compuesto por Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Alejandro Cánepa no hizo lugar al reclamo de las defensas. Convalidaron el testimonio de Ferrari, la calificación de la prueba como informe técnico y no como pericia, señalaron que la incorporación de ese informe al expediente no había generado oposición en la etapa anterior de la causa y agregaron que al momento de reproducir los audios, los fiscales preguntaron a los defensores si tenían oposición y respondieron que no.

Entre los mensajes más inofensivos se pudo ori: “Desde el 1 -de junio de 2017- están llevando notificaciones ministeriales a Diamante. Ustedes se van a comer pescado frito ahí a Diamante, a comer asado, no me chamuyés a mí ¿cuántas cosas del Ministerio le llevaron ya? ¿Tan poderosa es la directora de ese centro de salud que hay que llevarle las notificaciones ministeriales para que haga lo que tiene que hacer? Vos me estás cagando a cuentos”.

En otro, una mujer decía: “No oso, la directora, la semana pasada le dio la baja a una delegada nuestra. ¿Me entendés? Y se hicieron una serie de trámites que hay que hacerle porque desde el Ministerio de Salud, obvio que no, porque ella no tiene poder para decidirlo. ¿Me entendés? Así que, ayer a la mañana anduvimos por ese tema. Fuimos a Diamante y la hicimos firmar a la chica (Yanina Migueles), una resolución de un pedido gremial dirigida a la directora porque no la está dejando entrar al hospital. Ha salido un comunicado de prensa hablando mal de la compañera, diciendo que no trabaja, que esto y lo otro. Entonces ayer fuimos al Ministerio de Salud, estuvimos hablando con Berbara (Carlos, director de Salud Mental)… Entonces hicieron mal los expedientes… Ahora fuimos a buscar la resolución, tuvimos que asentarlo en el Ministerio de Trabajo. Salió del Ministerio de Salud al Ministerio de Trabajo a asentarlo. Y ahora tenemos que ir a llevarla a Diamante, porque la chica hoy se presentó y pidió las horas gremiales… y la echaron del trabajo… Así que ahora tenemos que ir hasta allá, llevar la resolución, la vieja está de los pelos y esto viene para largo. Pero a la chica no se la echó, de ninguna manera, porque Ariel (De la Rosa) no dio lugar al pedido de la directora, dijo que no. Aparte, la directora puede pedir lo que quiera pero ella tiene fueros gremiales”.

El problema que se archivó

Oscar Balla fue citado por el defensor de los seis integrantes de UPCN, Marcos Rodríguez Allende. El secretario de Trabajo de la provincia declaró en primer lugar este miércoles. Admitió que tuvo contacto “con la gente de UPCN el 5 de junio de 2017”. “A las 9 me llamó Carina Domínguez y me informó problemas en el Hospital Colonia, donde despidieron una trabajadora delegada. Me pidió intervención. Le solicité que se acercaran para tomar el reclamo y poder actuar. Hablé con el jefe de Relaciones Laborales de la Secretaría, le anuncié que vendría gente de UPCN, que tomara el reclamo y en forma inmediata se convocara a audiencia”, relató.

“Cuando existe este tipo de problemas, convocamos al Ministerio de Salud. Las partes fueron citadas el viernes 9 de junio a una audiencia de conciliación. El 9 de junio se presentó (Víctor) Berta, abogado del Ministerio de Salud e informó que el problema planteado había sido solucionado, dado que el ministro había dictado una resolución que ordenaba la reincorporación de trabajadora. Derivé eso al jefe de Relaciones Laborales que se encargó. En ese momento no se presentó gente de UPCN, por lo tanto consideramos que el problema estaba solucionado y se archivó”, completó.

Sobre el problema de fondo, la relación de Trossero con UPCN, los motivos por los cuales se quería dejar cesante a Migueles o, acaso, convocar también a las autoridades del hospital como parte interesada en el conflicto, sobre esos puntos, Balla no supo dar mayores precisiones.

Otros testimonios

Este miércoles también declaró Marcelino Musio, empleado del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante. Fue convocado por el defensor Rodríguez Allende. Lo mismo hizo Ramona maría Noemí Pérez, también trabajadora de ese hospital y convocada por Rodríguez Allende. En tanto, testimonió el policía Matías Hirschman, jefe de calle en la Departamental Diamante.

Juicio

Los imputados de UPCN son el secretario Adjunto y director del IOSPER Fabián Monzón; la secretaria gremial Carina Domínguez; el subsecretario de Movilización José Zarza; el secretario de Capacitación Guillermo Barreira; la subsecretaria gremial Zunilda Suárez; y la delegada gremial Noemí Santamaría. Todos son defendidos por Marcos Rodríguez Allende, sobrino de José Ángel Allende, secretario general del gremio y diputado provincial.

Los fiscales a cargo de llevar adelante la acusación formal son Gamal Taleb y Laureano Dato. Los jueces que componen el tribunal son Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala.

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