El rol de Varisco en la organización narcocriminal liderada por Celis

Según la imputación judicial, el intendente de Paraná “proporcionaba periódicamente los recursos económicos necesarios en favor de Celis para la adquisición y comercialización de cocaína, por intermedio de empleados municipales”, para lo cual contó “con la asistencia y colaboración del concejal Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Bordeira”, detenidos este lunes. Además, los tres “adquirieron al menos 6 panes de cocaína, para distribuirlos en Paraná y Concordia”.

El Juez Federal Nº1 de Paraná, Leandro Ríos, detalló el complejo engranaje de la organización narcocriminal liderada por Daniel “Tavi” Celis (en la que aparece involucrado el intendente de Paraná, Sergio Varisco), que comercializaba importantes cantidades de cocaína desde Buenos Aires, para luego distribuirla en las ciudades de Paraná y Concordia.

El magistrado precisó los roles que cada uno de los imputados cumplían en los distintos eslabones que conforman la red de narcotráfico: Celis, Varisco, el concejal de Cambiemos Pablo Hernández, la funcionaria municipal y policial Griselda Bordeira, además de otras 11 personas vinculadas directamente al jefe narco Daniel “Tavi” Celis.

Según los términos de la imputación judicial, el intendente de Paraná, Sergio Varisco participó como segundo eslabón de importancia en el rol de “financista” de la organización narcocriminal. En la misma jerarquía, el juez Ríos ubicó al peruano Wilber Figueroa Lagos, cuyo rol era proveer la droga que comercializaba la organización que había sellado un acuerdo con el intendente de la capital provincial.

De acuerdo al expediente al que accedió Apf, Daniel “Tavi” Celis desempeñó el rol de “organizador de las operaciones de comercio del estupefaciente” además de “coordinar las diferentes adquisiciones” de cocaína “con el objetivo final de su distribución y venta”.

Dijo el magistrado que Celis “dirigía ­vía telefónica­ a sus asistentes y colaboradores, mediante la permanente impartición de órdenes de diferente tenor y alcance, relativas a la ejecución del acuerdo” celebrado con Sergio Varisco”. Acuerdo que contó con “la asistencia y colaboración del concejal de Cambiemos Pablo Hernández y la funcionaria municipal y policial Griselda Bordeira”. Estos últimos, cumpliendo prisión preventiva desde el lunes.

El acuerdo Varisco-Celis que detalló Ríos en esta oportunidad (además del acuerdo político electoral para la campaña 2015 que el mismo juez detalló a mediados de 2017 en la causa de la avioneta) se habría producido “durante los primeros días de septiembre de 2017 (presumiblemente, el día 5)”, es decir dos meses después de que el intendente Varisco, el concejal Pablo Hernández y la funcionaria Griselda Bordeira prestaran declaración como testigos en la causa de la avioneta con marihuana caída en Colonia Avellaneda.

Agregó este lunes el juez Ríos al leer la imputación del intendente de Paraná, que desde la cárcel, Celis coordinó “la adquisición y traslado” de la cocaína, “el control de su cantidad y calidad, su resguardo, sus correspondientes precios de venta y modalidades de pago y, por último, decidía acerca de la identidad de las personas que lo adquirirían, aceptando a algunos y rechazando a otros”, precisó el magistrado al dar lectura a las imputaciones.

El intendente Sergio Varisco, en el rol de “financista” de las operaciones de la banda narcocriminal, tenía por función “proporcionar periódicamente los recursos económicos necesarios en favor de Celis para la adquisición y comercialización de cocaína, por intermedio de los empleados municipales Ernesto Ramón González y/o Alan Nicolás Viola y/o Luciana Ernestina Lemos (pareja de Celis), y/u ocasionalmente de terceras personas cuya identidad aún no ha podido establecerse”.

Todo ello “con la asistencia y colaboración del concejal Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Bordeira”.

Asimismo –agrega el juez en la imputación- “entre los días 20 de abril y 2 de mayo (una semana antes de los primeros allanamientos a la Municipalidad y al domicilio del intendente), Sergio Varisco, Pablo Hernández, Griselda Bordeira y Ernesto Ramón González adquirieron al menos 6 panes o ladrillos de cocaína al precio de entre $150.000 a $165.000 cada uno de ellos, con la finalidad de distribuirlos en la ciudad de Paraná y Concordia”.

En la misma jerarquía dentro de la cadena ilícita, se encuentra un hombre de nacionalidad peruana Wilber Figueroa Lagos, alías “Tío” o “Pariente”, quien proveyó la droga a la banda operando desde la ciudad de Buenos Aires.

Según el magistrado, la droga habría llegado a la ciudad de Paraná “de dos maneras: directa, con el propio Figueroa Lagos llegando a Paraná a los triplex que hay en el predio de la casa de Celis, o de modo indirecto, utilizando a un grupo de “mujeres de mediana edad”, cuya identidad Ríos aún no tendría confirmada.

En el tercer escalón de la banda narcocriminal, las pruebas ubican a Luciana Lemos (empleada municipal designada por Varisco y pareja de Daniel “Tavi” Celis) y al hermano del jefe narco, Eduardo Celis, además del concejal de Cambiemos Pablo Hernández y la funcionaria municipal de Seguridad, Griselda Bordeira.

Según la reconstrucción que hizo el magistrado, Luciana Lemos “asistía y colaboraba bajo las órdenes de Celis”, encargándose de la adquisición de la cocaína a Figueroa Lagos (el peruano) de forma directa o por la intermediación del grupo de mujeres desconocidas.

Lemos también se encargaba de la “venta y distribución” de la droga, y de la “recaudación del dinero de las comercializaciones del tóxico producidas”.

También era quien debía comunicar a su esposo Daniel “Tavi” Celis con el hermano de éste, Eduardo Celis, “transmitiendo órdenes del primero hacia el segundo”, precisó el juez federal.

Lemos, además, debía periódicamente proveer al resto de la banda de “aparatos de telefonía celular, como así también de chips telefónicos, con la finalidad de renovar de manera sistemática, íntegra y regular la aparatología con la cual la organización se contactaba, todo ello con la finalidad de no ser descubiertos”.

Por último, Lemos “tenía por función mantener la comunicación entre Daniel Celis y el intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Varisco, mediante el concejal Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Bordeira, de manera permanente, fluida y secreta, en especial en lo referido a los pagos de dinero y entregas del tóxico que los mencionados funcionarios municipales adquirían, en particular los días 1/12/2017 y 27/4/2018”, precisó el magistrado.

El hermano del jefe narco, Eduardo Celis, por su parte, era quien “se encargaba del almacenamiento” de la droga “por brevísimos lapsos de tiempo en su domicilio y en fincas cercanas, todos ubicados en el barrio Antártida Argentina de la ciudad de Paraná”. Además, “colaboraba en la distribución del tóxico, todo bajo las órdenes de su hermano Daniel Celis, por su indicación directa o por intermedio de Luciana Lemos. En ocasiones asumía (también) la función de venta del tóxico con precio diferencial”.

En el último eslabón de la organización -así surge de la imputación- estarían Nahuel Jonatan Eduardo Celis, Jonathan Heintz y Juan Manuel Gómez (alias Nacho) por un lado, y Alan Viola y Ernesto González, por otro.

Ríos entendió que Nahuel Eduardo Celis (sobrino del jefe narco) “asistía y colaboraba bajo las órdenes directas de Luciana Lemos, brindándole asistencia personal en lo relativo al traslado de estupefacientes desde los distintos lugares de resguardo y almacenamiento hacia los lugares de venta, como así también se encargaba de buscar en la terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná a las mujeres de mediana edad cuya identidad aún no ha podido establecerse, y a Wilber Figueroa Lagos (el proveedor de Buenos Aires), en las ocasiones en que éstos arribaban a la ciudad transportando las remesas del tóxico”.

A Heintz y a Gómez, se les imputa adquirir “periódica y regularmente” en el domicilio de “Tavi” Celis “distintas cantidades de cocaína, con la finalidad de revender a distintos distribuidores y/o consumidores de la zona”.

Ellos dos fueron capturados “infraganti” junto a Luciana Lemos el 2 de mayo en el allanamiento realizado en la casa de “Tavi”, realizando una operación de compraventa “de tipo mayorista” (3 kilos de cocaína).

A los empleados municipales Viola y a González el juez les imputa haber sido nexos para entregar el dinero que aportaba el intendente Varisco a Celis con el fin de financiar la organización. Además de eso, habrían también comprado cocaína.

Según consta en la investigación, todas estas personas “comercializaron de manera conjunta y organizada –entre sí y con personas cuya identidad y rol aún no se ha podido establecer– estupefacientes (cocaína) en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización, financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra del referido tóxico a distintas personas en la ciudades de Paraná y Concordia”.

Fuente: Noticiauno