Lázaro Báez solicitó su liberación de prisión

El empresario dijo que no existe “peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación” y reclamó su libertad. Además, pidió ser liberado con una tobillera electrónica. Báez fue detenido el 5/04/16 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que advirtió sobre una posible maniobra de fuga, tras detectar un viaje en avión desde Río Gallegos a Buenos Aires del que no se había informado el plan de vuelo, mientras existían tareas de vigilancia sobre el empresario.

Casi se cumplen 2 años de la detención del empresario Lázaro Báez que este miércoles 28/03 exigió la finalización de su prisión preventiva. El empresario es acusado por presunto lavado de dinero a través de maniobras en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. De esta forma, Báez se encuentra en la espera del juicio tanto oral como público.

El encargado de exigir la liberción de Báez fue su abogado defensor Esteban Balian, y el motivo se debe a la aproximación del cumplimiento de 2 años de Báez en carácter de prisión preventiva que se determina el próximo 5/04. Por su parte, la ley establece ese plazo como máximo para la medida, aunque existe la opción de prorrogarla por otro más.

El empresario estableció que no existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación y es por eso que exigió su libertad tras 2 años en prisión sin condena.

Ahora, todo queda en manos del Tribunal Oral Federal 4 integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel.

Tras recibir el pedido, el Tribunal corrió vista al fiscal de juicio Abel Córdoba, que no cuenta con plazo para resolver, ya que se trata del cese de una prisión preventiva y no de una excarcelación, la que se debe definir en 24 horas.

El Caso Lázaro Báez es un proceso judicial argentino caratulado «N.º 3017/13 Báez Lázaro y otro s/encubrimiento y asociación ilícita». Que comenzó en abril de 2013 con una denuncia contra Lázaro Báez,​y otras personas, en la cual el juez interviniente procesó por el delito de lavado de activos por resolución del 18/04/16 y ordenó su detención. Otras personas procesadas en la resolución por el mismo delito son: Sebastián Pérez Gadín, Fabián Virgilio Rossi, Daniel Pérez Gadín, Martín y Leandro Báez, César Gustavo Fernández y Walter Adriano Zanzot.

Fue en abril de 2013 cuando el programa Periodismo para todos (PPT) conducido por el periodista Jorge Lanata realizó una investigación periodística que incluyó el testimonio audiovisual de Federico Elaskar y Leonardo Fariña (este último mediante una cámara oculta), admitiendo ambos su participación y el rol de Báez como testaferro de Néstor Kirchner. Las maniobras financieras habrían sido realizadas para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros en un lapso de seis meses y en el desvío de fondos públicos adjudicados a empresas de Lázaro Báez para la realización de obra pública. Días después ambos desmintieron sus propios dichos.

Fue así cómo luego del programa periodístico, se realizaron 2 denuncias basadas en el contenido del mismo, realizadas por un abogado particular Alejandro Sánchez Kalbermatten, y luego se realizó otra por la diputada Elisa Carrió.​ El 15/04/13, el juez Sebastián Casanello quedó a cargo de la investigación de los movimientos de Leonardo Fariña y de Federico Elaskar en la financiera SGI y el posible lavado de activos con dinero de Lázaro Báez.

El juez cuestionó el accionar de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en particular el fiscal antilavado Carlos Gonella. Pero en diciembre de 2014 la Cámara Federal cuestionó el trabajo del juez, destinó la causa contra las acciones del PROCELAC al juez Martínez de Giorgi. Asimismo, instó a Casanello a realizar «una radiografía de la situación patrimonial y financiera de todos los investigados, incluidos Báez y su familia, así como de sus empresas».​ En julio de 2016, la Cámara volvió a remarcarle al juez realizar una investigación más profunda de los hechos e incluir sobre un posible «acuerdo de voluntades entre Báez (y su grupo económico) y Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la asignación y realización de negocios con el dinero estatal».

En 2016, además de Lázaro Báez, fueron procesados su hijo Martín Antonio, Daniel Pérez Gadín, Sebastián Pérez Gadín, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot, Jorge Oscar Chueco, Julio Enrique Mendoza y Claudio Fernando Bustos.

“Personal policial abocado a las tareas ordenadas por este tribunal el pasado 31/03 pudo observar que se encontraba sobre la pista de despegue del aeropuerto de la ciudad de Río Gallegos, en condiciones de operar la aeronave matrícula LV-BPL – propiedad de la firma Top Air SA-, y que mediante discretas tareas investigativas se habría determinado que aún no se había presentado el plan de vuelo”, sostuvo Casanello.

“El personal policial habría logrado determinar que el pasajero sería Lázaro Báez lo que, finalmente, se habría corroborado. No se pudieron establecer, sin embargo, mayores precisiones acerca del viaje”, afirmó el juez.

La prisión preventiva luego fue confirmada en todas las instancias, tanto en la Cámara Federal como en la Casación, con múltiples rechazos a los planteos de Báez, quien está detenido al igual que su contador, Daniel Pérez Gadín, y su abogado, Jorge Chueco.

Cabe remarcar que el empresario está en etapa de juicio en el Tribunal 4 junto con sus 4 hijos, el financista Federico Elaskar, el mediático Leonardo Fariña, Fabián Rossi y otros imputados que suman más de 20.

En la causa conocida como “La ruta del dinero K”, la querella, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalía de Guillermo Marijuan, solicitaron la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner, al considerar que el delito precedente del lavado de dinero es la gran cantidad de obra pública que ella le otorgó a Báez en Santa Cruz.

Hasta el momento, Casanello rechazó los pedidos de indagatoria y resta definir si procesa al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por la falta de control sobre la actividad de las empresas de Báez por el uso de facturas apócrifas, una de las maniobras originarias del lavado de dinero.