El procurador pidió cinco años y medio de prisión para Héctor Alanis y Humberto Re

El procurador Jorge García solicitó una pena de prisión efectiva para el ex vicegobernador y el ex senador radical en el juicio por el desvío de fondos públicos entre 1995 y 1999, durante el segundo mandato de Jorge Busti como gobernador. También solicitó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90.000 pesos. La querella, en tanto, pidió que sean condenados pero a tres años de prisión condicional. Los defensores solicitaron la absolución. El 3 de abril se conocerá la veredicto.

Empezó la cuenta regresiva para el ex vicegobernador Héctor Alanis y del ex senador provincial Humberto Re, en el juicio por el desvío de fondos de la Cámara de Senadores en 1999. El 3 de abril el tribunal dará a conocer su veredicto que deberá contener la resolución respecto de José Maximiliano Crettón Pereyra y Maximiliano Alanis, quienes confesaron haberse apropiado de fondos públicos en un juicio abreviado.

El procurador general, Jorge García, fue el encargado de realizar el pedido de pena: solicitó que Alanis y Re sean condenados a cinco años y medio de prisión por el desvío de 6.132.825,20 pesos. También pidió la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, la suspensión de la jubilación o pensión de ambos y la imposición de una multa de 90.000 pesos. Incluso, el jefe de los fiscales aclaró que consideraba como un atenuante al momento de cuantificar la pena la duración que ha tenido el proceso.

En tanto, el querellante Juan de Torres, en representación de la Fiscalía de Estado, hizo una brevísima alocución para decir que solicitaba para Alanis y Re una condena de tres años de prisión condicional, es decir, no efectiva.

En tanto, los defensores de ambos acusados solicitaron su absolución, en medio de fuertes críticas hacia el Poder Judicial por el tiempo que insumió la causa penal: ¡18 años! desde la denuncia presentada por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

La maniobra para el desvío de fondos

La maniobra que pergeñaron para el desvío de fondos consistía en depositar en la Cuenta Corriente Número 0939/5 que el Senado tenía en el Banco de Entre Ríos SA para la administración de fondos asignados para servicios no personales –contrataciones y subsidios– para luego realizar periódicas transferencias de un programa presupuestario a otro, por distintos importes, mediante el libramiento de cheques que emitían Héctor Alanis, Re y Crettón Pereyra y luego eran percibidos en efectivo y por ventanilla por el propio Crettón Pereyra, Maximiliano Alanis y otras personas.

El fiscal Alejandro Cánepa sostuvo que “los cheques se libraban al portador y los cobraban personas sin autorización alguna”, por caso, ordenanzas del Senado.

El procurador agregó que en este caso “no hubo solo un desvío de dineros públicos, sino que hubo una desviación de su cometido social, de manera que no se trata solo de un problema jurídico” y agregó que, más allá de los montos, “no hay bagatela cuando se trata de delitos contra la administración pública”.

El jefe de los fiscales destacó la “pericia impecable” del contador Nicolás Cozzi, perito contable del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que elaboró un informe consignando que se había determinado que “no solo se ‘extraviaron’ los comprobantes de las rendiciones de la administración de la Honorable Cámara de Senadores del Programa 18 y la inexistencia de los mismos en los importes rendidos correspondientes (…) sino que además han coadyuvado incumplimientos de normas y leyes, fundamentalmente en lo referente a controles por oposición, que desmejoraron sensiblemente la situación respecto de obtener la información sobre el destino de dichos fondos”.

Cánepa, además, apuntó contra una estrategia que vienen repitiendo los defensores de funcionarios públicos en las causas por delitos de corrupción: que las rendiciones fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas y los organismos de control.

El fiscal señaló que “lo único que busca el Tribunal de Cuentas es analizar una responsabilidad contable” y agregó que “no puede pensarse que la aprobación de una cuenta exime la responsabilidad penal de quienes están siendo aquí juzgados”. Incluso, en otro tramo de su alegato, remarcó que “si se advierte algún vicio o dolo en la aprobación de esos actos administrativos, la Fiscalía de Estado puede anularlos”, como sucedió los decretos de cesión islas a particulares durante la última dictadura cívico-militar.

Las defensas se quejan por el paso del tiempo

A su turno, los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, defensores de Alanis, solicitaron que se declare la absolución de culpa y cargo por falta de pruebas contra el ex vicegobernador; aunque también plantearon, para el caso de que el tribunal lo considere culpable, “la ausencia de necesidad de imponer una pena” por el tiempo que ha transcurrido desde que se denunciaron los hechos hasta la celebración del juicio.

Federik sostuvo que “el Ministerio Público Fiscal debió acreditar que no se pagaron los subsidios ni los sueldos del personal y que (Alanis y Re) se llevaron la plata a su casa”, pero hizo hincapié en el hecho de que ninguno de ellos fue denunciado por enriquecimiento ilícito, “porque no se llevaron la plata a su casa”, insistió.

El letrado se quejó de que los comprobantes que acreditarían la rendición de los fondos cuyo desvío se le atribuye a Alanis y Re desaparecieron durante el gobierno radical que asumió el 10 de diciembre de 1999. No obstante, resaltó que “el hecho de que no estén los comprobantes no significa que los fondos no hayan sido aplicados” al pago de subsidios y contratos del personal, aunque advirtió que “los documentos son una prueba fundamental para realizar una auditoría, pero no para el derecho penal”.

“Nosotros no pudimos probar qué pasó con ese dinero porque los comprobantes no están, desaparecieron en la gestión posterior a la que se está investigando”, aseguró Federik. “Lo que si pudimos probar es el sistema: que había senadores que tenían personal contratado y gestionaban subsidios, que todo ello se pagaba en efectivo y que había un monto estipulado e incluido en la dieta de los legisladores. No pudimos traer los comprobantes en cuestión, pero sí probamos el sistema”, agregó el letrado.

Los abogados Humberto Re (hijo) y Tulio Kamlofsky, que representan al ex senador radical, también pusieron de resalto el paso del tiempo a la hora de describir el proceso. En su caso, dijeron, “nunca entorpeció el proceso de la causa”. También se refirieron al rol que tuvieron los organismos de control, que no objetaron el manejo de los fondos.

Kamlofsky aseguró que “no hay ningún indicio que compruebe el delito” que se le enrostra al ex senador y que “quedó comprobado con el testimonio de varios ex senadores, que el rol que cumplía Re era estrictamente formal”. En ese momento, Re era vicepresidente primero del Senado, es decir, el tercero en la línea de sucesión.

Tras los alegatos, el propio Re se plantó ante el tribunal: “No he cometido nunca un delito en los veinte años que estuve en la administración pública. No hubo un acuerdo ni connivencia con el justicialismo; no me compraron. Lo que tengo para ofrecer es mi decencia, mi trayectoria y mi austeridad; nunca manejé ni siquiera un auto del Estado, siempre viajé en mi auto y pagando mi propio combustible”, sentenció.

Tras el cierre del debate, los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo pasaron a deliberar y anunciaron que darán a conocer el veredicto el martes 3 de abril a las 12.

Fuente: Página Judicial