Rosner advierte la posible quiebra de OIL/ Indalo

Se divulga que Ignacio Rosner estuvo este martes 20/03 en la Casa Rosada con el objetivo de que le devuelvan el Grupo Indalo. Ahora, Rosner promete un nuevo inversor. Aunque no está claro si Rosner está por Cristóbal López o por la Casa Rosada o por las suyas. Además, la sección de acciones el juez nuca las autorizó el dueño sigue siendo Cristóbal López.

El pasado 17/03 el Gobierno debatía qué hacer con el Grupo Indalo de Cristóbal López , el empresario patagónico que construyó un imperio con los impuestos que jamás le pagó al Estado nacional.

El presidente Mauricio Macri tenía un fuerte sentimiento de que el Grupo Indalo sea un caso testigo y que se castigue a López y a su socio, Fabián de Sousa, como evasores y protagonistas de un fraude al Estado junto al entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. Su 1r impulso fue ir por la quiebra del holding, aunque comprende cuáles serían las consecuencias laborales y económicas de apretar las clavijas.

A su alrededor, funcionarios como el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el jefe de asesores, José Torello, y el actual titular de la AFIP, Alberto Abad, dividen opiniones y abordajes. Pero hay un punto en el cual coincidía la mayoría: desconfían de Ignacio Rosner, el financista que reemplazó a López y a Fabián de Sousa al mando del Grupo Indalo.

El presidente Macri se encontraba entre los que apoyan esta opción. “Quiere que quiebre todo”, indicó un alto funcionario de la AFIP a La Nación, que complementó así la visión que aportó un íntimo colaborador de Rosner. “Mauricio, el calabrés, quiere matarlo a Cristóbal”.

La línea dura ganó más fuerza durante las últimas horas, cuando López salió desafiante de prisión. “Sigo siendo el dueño de Indalo”, afirmó, mientras Lilita Carrió denunci aba por Twitter que había “un acuerdo de impunidad” y, para que no quedarán dudas, lanzar un dardo envenenado hacia su propio Gobierno: “Ahora empiezo a entender algunas cosas que pasan en la AFIP”.

Las consecuencias de una implosión, sin embargo, serían durísimas, y Macri lo sabía. En particular en ciertas zonas de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Pero quienes han visto los números internos del Grupo Indalo definen la situación como “calamitosa” o, incluso, como “totalmente inviable”.

La 2da opción era apenas menos drástica. Era que los coadministradores que designó el juez a cargo del concurso de Oil, Javier Cosentino -Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi-, tomen las riendas completas de Oil Combustibles, desplacen a Rosner y su lugarteniente, Santiago Dellatorre, y sean ellos quienes reciban una ayuda estatal -desde la AFIP. Y para eso, la fórmula incluiría un fideicomiso.

Junto a Rosner afirmaron que ese es el mensaje que recibe desde la Casa Rosada. “Tenés que entregar el grupo y colocarlo en un fideicomiso”, habría sido la síntesis, aunque se cuidan de identificar al supuesto correo del zar. Sólo negaron que haya sido Leandro Cuccioli, el funcionario de Finanzas designado como sucesor de Abad al frente de la AFIP.

Esta 2da opción permitía preservar 18.000 empleos directos e indirectos, y podría incluir un apoyo concreto de YPF a la intervención. A cambio, eso sí, de un “derecho de preferencia” sobre ciertos activos del Grupo Indalo -en particular, los muelles sobre la hidrovía- y que de inmediato la AFIP convalidara levantar las medidas cautelares que dificultan la operatoria diaria del holding. Entre ellas, las inhibiciones que impuso el juez federal Julián Ercolini. Pero esta opción tampoco salía gratis para el Estado: sólo mantenía la estructura a flote hasta fin de mes podría insumir $ 200.000.000, según estimaciones privadas.

Esta opción contaba con una dificultad adicional: Abad se marcha a su casa a fines de mes, y lo reemplazará Cuccioli, quien podría impulsar una visión más favorable al Grupo Indalo que hasta ahora rechazó la AFIP. Pero eso dependerá de cómo sea dicho giro y hasta dónde quiera llevarlo. “Ninguno de nosotros quiere desfilar por Tribunales. Si hay que firma algo, que lo firme él”, resumió un alto funcionario del organismo tributario, en alusión al nuevo jefe que llegará en abril.

La Justicia dio este martes 20/03 un paso definitivo en la toma de control del grupo Indalo, del empresario Cristóbal López , al resolver su intervención direct a en la compañía y apartar a sus actuales gestores, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.

La decisión la tomó el juez en lo Comercial, Javier Cosentino, que designó como administradores plenos a Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi.

El triunvirato de coadministradores informó al juez que Rosner y Dellatore “dieron de alta otras contrataciones de personal sin asignación específica de sector y con importantes salarios”.

Además, se expidieron sobre ciertas irregularidades en torno a algunas contrataciones, que no se compadecen con la situación de la empresa (Oil Combustibles) y que no la benefician.

Los coadministradores señalaron en la presentación ante el juez que solicitaron diversa y precisa información a los directores que nunca les fue suministrada. Además, que no habían sido notificados de reuniones de directorio.

La situación de Oil, según los informes que maneja el juzgado, es la siguiente:

– El pasivo postconcursal comercial (no impositivo) ascendía a $287.000.000 por deuda comercial y a $174.000 por deuda corriente.

– Existían transferencias relevantes hacia otras sociedades del grupo sin que en principio ello pudiera derivar en algún crédito OCSA.

– Se paralizó la refinería y desabastecido las estaciones de servicios.

– Los gastos corrientes ascienden a aproximadamente US$2.700.000.

– En la asamblea del 7/03 pasado se informó que los socios no harían aporte de capital alguno ni prestarían recursos a la sociedad, y que no había posibilidad de inyección inmediata de fondos.

– Inexistencia de propuestas concretas para atender el pasivo postconcursal, ni de tratativas para la obtención de las conformidades de los acreedores preconcursales. Concluyeron en que OCSA se encuentra en cesación de pagos respecto de su pasivo postconcursal y de sus obligaciones corrientes.

Los coadministradores, además, remarcaron que la asamblea aprobó honorarios por montos muy superiores a los aprobados en el ejercicio anterior con una pérdida mucho más significativa.

En el fallo del juez a cargo del concurso preventivo, Javier Consentino, también se designaron a los coadministradores de la firma: Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi.

El empresario estuvo detenido 3 meses hasta la semana pasada, cuando fue beneficiado con la excarcelación por la Justicia y también se cambió la carátula de la causa en su contra, que pasó de defraudación a evasión.

López está acusado de no haber pagado más de $8.000 millones por el impuesto al expendio de combustibles en la empresa Oil Combustibles.

En su fallo, el juez expone las críticas e irregularidades de la sindicatura y los coadministradores hacia Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, ambos controladores del grupo y quienes en diciembre fueron ingresados como empleados de Oil Combustibles.

Los coadministradores advirtieron “irregularidades en torno a contrataciones de actos ajenos a la administración ordinaria, en aparente relación de dependencia que no se compadecen con la situación de la empresa”.

Incluso, la sindicatura expresó en un informe ante el juez que “la actuación de algunas de las personas incorporadas podría resultar redundante dado que ya había empleados que cumplían las mismas funciones o peor aún, que podría estar prestando servicios para la contratante de la concursada”.

“Dijeron que en principio no se advertían que los servicios profesionales se hubieran prestado en beneficio de Oil sino de sus directores, y no imputados debidamente a sus cuentas particulares”, remarcó el Juzgado.

Además, en base a información de los coadministradores, “el Sindicato de Petroleros había alertado a sus afiliados para que resguarden las reservas e stock en planta ante una eventual maniobra de vaciamiento, además de ciertos hechos verificados en la planta de San Lorenzo relativos a la seguridad”.

Por último, el juez en lo Comercial Cosentino señaló que se aprobaron honorarios en asamblea por encima del límite establecido sin justificación.

Rosner por caso cobró como empleado en relación de dependencia de la petrolera sueldos de $ 360.000.

“Oil pidió su convocatoria hace 2 años no obstante lo cual estuvo lejos de aportar una política de austeridad en términos expresados por la sindicatura”, concluyó.

De esta forma dispuso la separación de los gestores Rosner y Dellatorre y designar a los coadministradores para conservar el patrimonio.

En síntesis, al 1/03 de marzo, el pasivo postconcursal de Oil había subido a $ 1482,65 millones.

Además, los ahora interventores de la compañía señalaron que en el mes de enero una Asamblea aprobó honorarios excesivos para sus directivos, por $ 22,8 millones, pese a que la empresa había tenido una pérdida de $ 625 millones en su último balance cerrado en junio pasado. “Es decir, que se aprobaron honorarios por montos muy superiores a los aprobados en el ejercicio anterior, con una pérdida mucho más significativa”, dijo el juez Cosentino.

Otras irregularidades mencionadas por Cosentino fueron la “conformación de un Centro de Costos Corporativos, que implicó un pasivo de más de dos millones de pesos en dos meses a cargo de Oil, que se halla en una situación de crisis extrema; contrataciones de servicios externos por sumas relevantes, sin que al menos en algunos casos se haya justificado la prestación de tales servicios; desatención de la regla de prudencia y austeridad aconsejada invariablemente por la sindicatura desde hace tiempo”.

Algunos pagos de Oil Combustibles, bajo la administración de Rosner y Dellatorre llamaron la atención, como $ 8,1 millones en honorarios a ellos mismos, que tuvieron que devolver ante el reclamo de los ahora interventores judiciales. También hubo pagos por $ 2,3 millones para el economista Martín Redrado y una orden de pago -que se anuló- por $ 435.000 para el dirigente político Alberto Fernández. Además, hubo $ 13,4 millones para el abogado penalista Carlos Beraldi, representante legal de Cristóbal López, de los cuales todavía se le adeudan $ 2,5 millones. Y otros $ 7,2 millones para el lobbista Jorge Rottemberg, entre otros.

Rosner definitivamente quiere negociar con Cristóbal López.

De esta forma y luego de lo sucedido Rosner culpó a 3 coadministradores, a la AFIP y al Gobierno por tener trabas a la posibilidad de poder recuperar la empresa.

Puntos elaborados en el comunicado:

Rosner y Delatorre sostienen que el fallo que los desplazó se basó en informes elaborados por: Carlos O.F Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Besheva quienes desde un comienzo ejercieron la posición de auditoria de gestión sin orientar sus esfuerzos y dedicación a las financiera y comerciales del negocio de la compañía.

“En este camino, el Directorio está en condiciones de anticipar para los próximos días la presentación de una propuesta de un importante grupo inversor que será crucial para resolver la agobiante crisis de suministro de combustibles y para poner en marcha la refinería de la localidad de San Lorenzo”, dice otro punto del comunicado.

Rosner puntualiza que el Directorio siempre estuvo enfocado en cerrar un contrato de suministro de combustibles que garantizara el abastecimiento de la red de servicios Oil y proteger el prestigio de la marca. Sin embargo, este objetivo no fue alcanzado por la sucesiones oposiciones de la Afip.

Luego, se logró consensuar un esquema de compra de gasoil con YPF que misteriosamente se trabó.

Por último, sostiene que lo mismo ocurrió con Trafigura que iba a permitir financiar la 1ra compra de gasoil.

En resumen, los creadores del comunicado dicen que todas estas acciones demuestran la imposibilidad de lograr una solución al plan de contingencia que el Directorio de Oil Combustibles puso en marcha con le objeto de continuidad de la empres a y los puestos de trabajo.

“Es de esperar que se trate de una falsa aspiración la quiebra y desguace de la empresa”, finaliza.

Hay una anécdota curiosa en todo este tema las juntas militares fueron juzgadas por la Cámara Federal porteña en 1985 integrada por Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra y Carlos Beraldi. Los 3 siempre fueron aliados y hasta socio es hoy día en todo este tema Arlszan es el abogado de Ricardo Etchegaray, el ex titular de la Afip, Gil Lavedra es el abogado de la Afip contra Etchegaray y Cristóbal López y Beraldi es el abogado de López.

Para algunos esto es demostración que en algún momento habrá acuerdo.