Destinarán $ 1000 millones a compras secretas de material bélico

Por razones de “seguridad y defensa nacional”, el Ministerio de Defensa declaró secreta una serie de compras que tienen por destino proveer de material bélico al Estado para estar a la altura de los requerimientos que impone ocupar la presidencia del G20, motivo por el cual llegarán a fin de año los líderes de las principales potencias.

El 15 de febrero, la cartera que dirige Oscar Aguad declaró el secreto sobre las compras que tendrán lugar hasta fin de año para reequipar a las fuerzas armadas, y que según pudo saber este diario, demandarán alrededor de $ 1000 millones del presupuesto ministerial, previsto este año en $ 116.406 millones.

Fuentes castrenses reconocieron que el proceso abierto apuntará, principalmente, a la adquisición de material bélico para la defensa aeroespacial de baja altura y la ciberdefensa, un área a la que se ha prestado suma atención y que motivó la semana pasada el nombramiento de un nuevo subsecretario, Alfredo Parodi.

Si bien cerca de Aguad no opinaron al respecto, en el Edificio Libertador consideran que la mayoría de los procesos se resolverá en licitaciones, en vez de contactos oficiosos con embajadas para compras gubernamentales directas (lo que se conoce como G2G). De todos modos, son varias las potencias militares que vienen haciendo lobby de cara a esta demanda.

Estados Unidos (el país con la mayor industria armamentística) ya anunció que prestará cooperación para la capacitación de agentes a través de su Comando Sur; también Rusia y Francia tienen ofertas para helicópteros, aviones y patrullas oceánicas. China donó recientemente al Gobierno escáneres, e Israel, en la visita del premier Benjamin Netanyahu, mostró todos su portfolio de soluciones tecnológicas en ciberdefensa.

El decreto aludido justificó las compras en la necesidad de “incorporar nuevo material dando prioridad a aquellos que potencien la capacidad disuasiva, favorezcan la normalización con los ya existentes a nivel conjunto y aporten nuevos desarrollos tecnológicos que posibiliten iniciar el proceso de restablecimiento de la capacidad de defensa antiaérea de baja y muy baja cobertura”.

La resolución de Defensa evidencia que ciertas capacidades “se encuentran obsoletas y próximas a desprogramarse” por su antigüedad, y también reconoce la falta de munición, lo que impide disponer de la capacidad necesaria para satisfacer la prestación en acciones efectivas o de disuasión.

Con este proceso abierto, el Gobierno pretende concretar las primeras adquisiciones conjuntas en cabeza de los estados mayores de las fuerzas armadas, en vez de llevar las compras por rama militar, lo cual tiene lógica en la línea de revisar los roles y unificar las necesidades de equipamiento de las fuerzas armadas y generar un modelo transversal en la utilización de los recursos.

La salida a luz de este proceso se da en el contexto en el que varias ONG locales e internacionales pidieron que se promuevan “políticas, mecanismos y tecnología” para asegurar la transparencia de las compras gubernamentales. Resta tiempo para evaluar qué avances propone el Gobierno al respecto consigna El Cronista.