La gran tentación de Macri: Gobernar por decreto con bicameral controlada

La comisión parlamentaria que tiene la misión de expedirse sobre la vigencia de los decretos presidenciales podría quedar en manos de Cambiemos, cubriendo así el único flanco que tienen estos instrumentos del Poder Ejecutivo para quedar firmes. Sin mayoría en ambas cámaras del Congreso y ante la posibilidad cierta de que no se puedan frenar a los DNU, Macri tiene todo a favor para eludir al parlamento e implementar medidas vía decreto, como intentó hacer con la reforma previsional en diciembre pasado. Ahora lo hizo con las reformas del Estado decretadas ayer (11/1), que especialistas en transparencia ya empezaron a cuestionar.

Todo indica que Cambiemos se quedaría con el control absoluto de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo encargada de estudiar los decretos del Poder Ejecutivo y expedirse por su aval o rechazo. Todo depende de la integración que complete Gabriela Michetti y quien quedará como el nuevo presidente.

Emilio Monzó ya hizo su parte: en uso de sus facultades como titular de la Cámara baja a fines de diciembre designó a los 8 integrantes de la bicameral por parte de Diputados, con mayoría de legisladores de Cambiemos. Fueron 5 oficialistas. Si bien por proporcionalidad en la integración del cuerpo a Cambiemos no le corresponde mayoría ya que no la tiene en el pleno, Monzó apeló al sistema D’hont para beneficiar al oficialismo.

Michetti no necesitaría apelar a alquimias matemáticas. En el Senado las cosas están mucho más claras: Cambiemos y el Bloque Justicialista de Miguel Pichetto están casi empatados en cantidad de senadores, lejos aparece el cristinismo. Aún nombrando a 3 legisladores por Cambiemos, en total el oficialismo contaría con 8 sillones –sumados a los 5 de Diputados- en la Bicameral, sobre un total de 16 integrantes. Esto significaría que habría un empate con la oposición, por eso es clave la elección del Presidente, que se elige por mayoría. Aquí también tiene ventaja Cambiemos, porque se acordó que la presidencia sería rotativa.

A fines de 2017 la ejerció el kirchnerista Marcos Clero, ahora le tocaría a un oficialista y todo indica que sería el senador formoseño del radicalismo Luis Naidenoff.

Si todo sale como lo planean en el Gobierno, la Comisión Bicameral tendría 8 oficialistas y 8 opositores con un oficialista desempatando. Con lo cual, se evitarían dictámenes de rechazo a los DNU de Macri. Ya no se necesitaría apelar a la argucia del kirchnerismo que apostaba a que alguna de las cámaras del Congreso no se pronuncie para abortar rechazos a los decretos (la ley dice expresamente que ambas alas legislativas deben pronunciarse, con una sola que no lo haga, los decretos quedan firmes).

La tentación será grande para Mauricio Macri. En diciembre, cuando la reforma previsional parecía naufragar en la Cámara de Diputados, el Presidente preparó un decreto que sólo Elisa Carrió pudo frenar, evitando consecuencias políticas e institucionales inimaginables.

Ahora, que la bicameral no está conformada aún y a pesar de la posibilidad de incluir temas en sesiones extraordinarias, el presidente emitió un decreto ayer (11/1) con un centenar de cambios en la estructura y funcionamiento del Estado que el Congreso debe estudiar cuando finalmente complete la integración del comité asesor.

Mientras tanto, el DNU con las reformas estatales ya es objetado desde organismos de transparencia. La presidenta de la ONG Transparencia Internacional (TI) Delia Ferreira Rubio, cuestionó el uso del DNU.

“Las modificaciones de leyes las debe hacer el Congreso, y aquí se están modificando decenas de leyes en una. Solo contando los considerandos son 30 páginas”, dijo la abogada cordobesa en declaraciones al portal Infobae.

“Para usar un DNU, deben darse situaciones excepcionales que justifiquen al Poder Ejecutivo arrogarse las facultades del Congreso. Y esta situación de receso no parece serlo. El DNU no es el instru mento adecuado”, agregó.

“Lo hemos dicho desde el gobierno de Carlos Menem. Tradicionalmente, desde los años noventa, los DNU justifican la necesidad y urgencia en el hecho de que el Congreso está en receso. Pero el receso no es circunstancia justificativa. Me pregunto, ¿cuál es la necesidad y urgencia ahora?”, advirtió.