Aranguren, la premium a $26,15 el litro, pero el déficit no baja

Cambiemos ha comenzado a dilapidar los sufragios obtenidos en octubre de 2017. El escenario tarifario surge de una controversial estrategia de realineación de precios relativos, que contempla una distribución de la riqueza que a este paso ni Jaime Durán Barba logrará hacer popular.

El precio de la nafta aumentó otro 6%, según informó YPF: su súper quedó a $ 22,66; la premium a $ 26,15; el gasoil a $19,99 y el gasoil premium a $ 23,18.

Shell incrementa los combustibles entre 4,7% y 6% desde las 14:00 del domingo 03/12 en su red de estaciones propias: la súper a costar $ 22,94; la premium a $ 26,81; el gasoil a 20,25% y el gasoil premium a $23,18.

Petrobras también aumentó. No falta mucho para Axion y Oil.

Las petroleras ya habían subido los combustibles el 23/10, a pocas horas de terminadas las elecciones que ganó Cambiemos.

Cuando el Ministerio de Energía retrocedió con la rebaja de los precios de los biocombustibles con los que se corta la nafta, el aumento de las naftas era cuestión de tiempo: las naftas poseen 12% de componente de biocombustibles.

El Ministerio de Energía había dispuesto a comienzos de noviembre una reducción del 15% el precio del bioetanol, pero luego limitó la baja a 7,5% en la variedad derivada del azúcar y 10,5% en la proveniente del maíz.

Además, el petróleo crudo volvió a subir, al día siguiente de que la OPEP y otros grandes productores pactaron extender por 9 meses el régimen de cuotas de producción, que supone una menor oferta, que expiraba en marzo.

El tarifazo en los precios y tarifas se planteó para reducir el déficit fiscal del año próximo, pero también para recomponer las ganancias de las empresas del área energética.

Es interesante recordar que el precio de las naftas escala pero el déficit fiscal no está reduciéndose.

Acerca de la inconsistencia fiscal de la Administración Macri, es interesante extraer algunos fragmentos de un trabajo de la consultora Economía & Regiones:

“Numerosos son los incumplimientos de metas económicas explícitas o implícitas desde el inicio de la administración de Cambiemos. La lista de incumplimientos es larga para dos años de gobierno:

i) brotes verdes del segundo semestre del año pasado;

ii) inflación del 2016 (+41%) que superó ampliamente las previsiones del anterior ministro APG (+25%);

iii) metas de crecimiento 2017 (3,5% en un principio, que luego se bajó a 3% y ahora, si todo sale bien, estamos “todos contentos” con +2,8%); y

iv) incumplimiento meta de inflación 2017 (+17%/+12%) por 7 puntos porcentuales (+24%).

Por el contrario, la meta fiscal de superávit primario del 2017 se está cumpliendo; y esto es positivo (…) porque no cumplirlo sería peor. Si bien cumplir la meta fiscal es positivo, el punto más importante es saber si las actuales metas son consistentes con la meta de inflación y la meta de crecimiento.

De acuerdo con nuestra visión y, sobre todo, con los resultados obtenidos, las actuales metas de déficit primario no son consistentes con la meta de inflación y no permiten alcanzar el crecimiento deseado. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la meta fiscal no “sirve” o no conduce al cumplimiento ni de la meta de inflación, ni de crecimiento económico. (…)”.

> “De acuerdo con las explicaciones oficiales, el relajamiento de las metas fiscales fue consecuencia de la Reparación Histórica, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque el relajamiento fue muy superior al costo de dicha medida. Además, las metas tampoco se modificaron hacia abajo para tener en cuenta los recursos por origen del blanqueo de capitales.

En pocas palabras, hubo una decisión política de relajar las metas fiscales, cuya razón fue la campaña electoral y su costo no cumplir la meta de inflación.

Este relajamiento de las metas fiscales tiene implicancias y costos para 2018 y 2019. Por el lado de las implicancias implica que, si “todo sale bien”, el déficit fiscal financiero (con intereses) va a ser prácticamente igual cuando comparemos 2019 contra 2015.

Por el lado de los costos, el relajamiento de las metas fiscales dificulta el cumplimiento de las metas de inflación 2018 y 2019, lo cual no debería sorprender porque ya sucedió en 2017. En este sentido, este excesivo gradualismo fiscal pone presión sobre el BCRA exigiéndole a emitir de más en concepto de Adelantos Transitorios y para compra de dólares de deuda, lo cual pone un piso elevado a la inflación.”

> “(…) Lo que tampoco caerá será el gasto público. Sin embargo, debe considerarse el importante cambio que sufrirá su estructura relativa contra 2015. Mientras que en el 2015 el gasto social y los intereses de la deuda se consumían respectivamente 60% y el 7,8% del gasto público, en 2017 (2019) dichos pesos relativos pasan a 65% (67%) y 11,2% (15%)del gasto público total.

¿Cómo se financia este cambio de composición del gasto en favor del gasto social y los intereses? Simple, con la caída de subsidios económicos.

En otras palabras, los usuarios y empresas de la Argentina y particularmente del AMBA, deben soportar un mayor gasto privado, además de la ya excesiva presión impositiva, para financiar una reducción del déficit que no es tal, ya que se desvanece en las otras dos cuentas, producto del gasto social (principalmente reparación histórica) y el gradualismo que conduce a mayores intereses.

Si Cambiemos basara toda su estrategia fiscal en la eliminación de los subsidios económicos para eliminar el déficit primario, la misma está condenada al fracaso. Dicha estrategia valía con la composición del gasto heredada en 2015, pero hoy esto ya se tornó imposible debido al incremento del gasto en otras partidas, principalmente relacionadas al gasto social.

En otras palabras, en 2015 eliminar los subsidios económicos servía para alcanzar el equilibrio fiscal; ahora no. Como consecuencia del gradualismo fiscal y el aumento del asistencialismo social, si hoy en día eliminas de cuajo todos los subsidios económicos seguís con alto déficit fiscal. (…)”

> “(…) Llegado el punto en el cual se agote esta estrategia, el Ministerio de Hacienda tendrá el gran desafío: achicar el Estado y reducir el gasto donde hay que hacerlo. ¿Cómo achicar el Estado, bajar el gasto y eliminar el déficit? Traspasar la obra pública (2,3% del PBI) a manos privadas con un esquema de incentivos y garantías a la chilena y/o peruana, permitiría bajar el déficit fiscal de 7,0% a 4,7% del PBI. Luego, habría que actuar sobre el gasto en planes sociales (3,5% del PBI) y empleo público (3,3% del PBI), que suman 6,8% del producto.

Sin embargo, el Gobierno ya eligió no “tocar” la obra pública, la planta de personal y los planes sociales que aumentan en el Proyecto Presupuesto 2018. En consecuencia, la baja del gasto y la reducción del déficit se materializarían sólo actuando sobre las jubilaciones (10,2% del PBI) y el déficit previsional (3% del PBI). Modificar el sistema previsional está muy bien; pero hacerlo sin “tocar” la obra pública, los planes sociales y el empleo público está muy mal.

Sintetizando, el cumplimiento de la meta de déficit fiscal primario no implica que en términos fiscales se estén haciendo las cosas bien. (…)”.